Desde que Javier Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, la Administración Pública Nacional de Argentina y las empresas estatales han experimentado una reducción sustancial de personal. Según el análisis del economista Nadin Argañaraz, los recortes de personal representan uno de los desarrollos más significativos en la gestión reciente de recursos humanos del sector público.
Escala de la reducción
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó que para octubre de 2025, la nómina del sector público se había contraído en 58.903 posiciones en comparación con diciembre de 2023. La fuerza laboral total disminuyó de 341.473 a 282.570 empleados, reflejando una disminución general del 17%. Argañaraz, que dirige el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), documentó esta reducción sistemática que se produjo consistentemente mes tras mes durante el período.
La distribución proporcional de despidos en diferentes sectores administrativos mostró que la administración centralizada representó el 26% de las reducciones totales, la administración descentralizada el 33%, mientras que las empresas y entidades estatales comprendieron el 34% de los recortes. Dentro de la Administración Centralizada específicamente, se registró el impacto más severo, con 15.519 posiciones eliminadas entre octubre de 2023 y diciembre de 2025.
Impacto institucional mayor
Varias entidades estatales importantes experimentaron reducciones de personal particularmente significativas. El Correo Oficial de la República Argentina S.A. eliminó 5.114 empleados, mientras que la Operadora Ferroviaria S.E. redujo su personal en 3.353 posiciones. La Administración Federal de Ingresos Públicos, posteriormente transformada en ARCA, eliminó 3.112 empleos. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) vio reducida su fuerza laboral en 1.958 empleados.
El Banco Nación Argentino y Aerolíneas Argentinas registraron reducciones de 1.951 y 1.914 posiciones respectivamente. La empresa de agua y saneamiento de Buenos Aires AYSA perdió 1.677 empleados, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) experimentó una reducción de aproximadamente 1.548 posiciones.
Organizaciones disueltas y recortes adicionales
Ciertas organizaciones fueron completamente eliminadas, apareciendo en registros oficiales con cero empleados. Estas incluyeron la Empresa de Desarrollo de Capital Humano Ferroviario S.A.C.P.E.M., que anteriormente empleaba a 1.073 personas, y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCEI), que tenía 1.028 trabajadores.
Reducciones adicionales sustanciales afectaron múltiples organismos: el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas reportó 969 partidas, la administración de Corredores Viales perdió 795 posiciones, y la agencia de noticias Télam fue completamente vaciada de sus 793 empleados. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) eliminó 781 posiciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones (ENACOM) redujo 750, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) redujo 696, y el instituto de seguridad social INSSJP/PAMI disminuyó en 695 empleados.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) perdió 672 trabajadores, mientras que el Estado Mayor del Ejército redujo 648 posiciones. La Casa de Moneda eliminó 621 posiciones, y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) redujo 608 empleados. Entidades adicionales afectadas incluyeron Belgrano Cargo y Logística (564 posiciones), el Instituto Nacional de Cine (INCAA) con 543 recortes, y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) con 508 posiciones perdidas.
Varios organismos más pequeños también perdieron todo su personal, incluyendo el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) con 429 empleados, el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) con 408, la Autoridad Regulatoria Nuclear para la Electricidad (ENRE) con 396, y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) con 391 posiciones.
La categoría designada como «Otros» experimentó un decline de 8.885 empleados, disminuyendo de 72.358 posiciones en octubre de 2023 a 63.473 para diciembre de 2025.
Planes de reducción futura
Más allá de los recortes documentados ya implementados, el gobierno ha anunciado intenciones de profundizar las reducciones de personal durante 2026. Los funcionarios indican que planean reducir un 10% adicional de la fuerza laboral total del sector público durante el próximo año. Fuentes del poder ejecutivo recientemente revelaron que más de ocho áreas y organismos diferentes se encuentran bajo revisión, sometiendo cada organización a evaluación para identificar personal excedente.
Los objetivos expresados para continuar con las reducciones incluyen mejorar la eficiencia administrativa y reducir el gasto público. Los despidos anticipados ocurrirían principalmente durante los primeros dos trimestres de 2026, tras la expiración de varios contratos en diciembre que podrían no renovarse.
La administración Milei profundiza los recortes de personal público, preparando una nueva ola de 30.000 despidos
El gobierno del presidente Javier Milei ya ha eliminado casi uno de cada cinco empleos del sector público nacional desde que asumió en diciembre de 2023, y los funcionarios ahora están allanando el camino para 30.000 despidos adicionales previstos para comenzar antes de fin de año, según analistas fiscales y fuentes gubernamentales.
La próxima ola de reducciones, reportada por primera vez por el Buenos Aires Times el 5 de diciembre de 2025, marca la última fase en una agresiva campaña de reducción de costos que ha eliminado 58.903 posiciones de la administración nacional en menos de dos años, una contracción del 17% que se cuenta entre los recortes más pronunciados en la administración pública argentina moderna. Las autoridades económicas señalan que la nueva ronda de despidos nuevamente apuntará a contratos a corto plazo y organismos considerados «no esenciales» mientras el presidente libertario busca reducir el déficit fiscal y controlar el gasto público.
Los observadores fiscales advierten que el impacto social y en la prestación de servicios de tales reducciones generalizadas aún se está desarrollando, pero la administración Milei no muestra signos de desaceleración, señalando un recorte adicional del 10% de la fuerza laboral durante 2026 una vez que expiren los contratos actuales.
En octubre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ubicó la nómina pública nacional en 282.570 empleados, bajando de 341.473 cuando Milei asumió el cargo. El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), enfatiza que la reducción ha sido «sistemática, mes tras mes,» con cada rama de la administración nacional contribuyendo a la caída general. Las agencias centralizadas soportaron el 26% del total, los organismos descentralizados el 33%, y las empresas estatales el 34% restante.
El gobierno central golpeado con mayor dureza
Dentro de la Administración Centralizada en sí misma, 15.519 empleos desaparecieron entre octubre de 2023 y diciembre de 2025. La carga fue distribuida desigualmente, con recortes de alto perfil en ministerios y secretarías mientras el gobierno impulsaba un mantra de estado más pequeño que se convirtió en una característica de campaña. Aunque algunas tareas migraron a otros departamentos, muchos servicios fueron terminados directamente o subcontratados.
Las empresas estatales también soportaron el peso. El Correo Oficial Argentino perdió 5.114 posiciones. El operador ferroviario estatal, Operadora Ferroviaria, redujo la dotación en 3.353. La Administración Federal de Ingresos Públicos, recientemente rebautizada como ARCA, recortó 3.112 empleos, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) perdió 1.958 investigadores y personal de apoyo.
Los pesos pesados financieros no fueron eximidos: Banco Nación eliminó 1.951 puestos, y la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas 1.914. La empresa de agua de Buenos Aires AYSA redujo 1.677, mientras que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se despidió de aproximadamente 1.548 empleados.
Entidades completas disueltas
En un movimiento emblemático que destaca la profundidad de la reorganización, algunos organismos han desaparecido completamente de los registros de nómina. La Empresa de Desarrollo de Capital Humano Ferroviario y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que antes empleaban 1.073 y 1.028 personas respectivamente, ahora listan cero personal.
Otras reducciones significativas se propagaron a través de diversos sectores: 969 partidas en el Estado Mayor Conjunto, 795 en la administración de Corredores Viales, y un vaciamiento total de la agencia estatal de noticias Télam, cuyos 793 trabajadores fueron despedidos como parte de un plan de fusión. Los organismos tecnológicos y reguladores siguieron el ejemplo, con 781 recortes en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 750 en el regulador de Comunicaciones ENACOM, y 696 en el organismo agrícola INTA.
La esfera de salud y servicios sociales no fue inmune. El instituto de seguridad social INSSJP/PAMI dejó ir 695 empleados, mientras que el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) cerró sus puertas, renunciando a 429 empleos. El organismo de vigilancia anti-discriminación INADI, el regulador de electricidad ENRE y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fueron igualmente vaciados, cada uno perdiendo más de 390 empleados.
Más allá de los números
Argañaraz atribuye las reducciones extensas a una estrategia multifacética: eliminar redundancias percibidas, disolver programas vistos como simbólicamente políticos, y convertir puestos permanentes en consultoría a corto plazo sin garantía de renovación. «La narrativa de la administración es eficiencia, pero el subtexto es urgencia fiscal,» dijo en una entrevista.
Los representantes de sindicatos laborales responden que el ritmo rápido de despidos socava la memoria institucional e impide la capacidad del estado para prestar servicios básicos, desde inspecciones de seguridad ferroviaria hasta otorgamiento de subsidios de investigación. El gobierno rebate esa afirmación, argumentando que muchas tareas están obsoletas o pueden manejarse digitalmente con menos personal.
Nueva ola apunta a 30.000 posiciones
Mientras que los ministerios contabilizan los empleos ya desaparecidos, los funcionarios se preparan para la siguiente ronda, estimada en 30.000 posiciones, según el reporte del 5 de diciembre del Buenos Aires Times. Los memorandos internos que circulan en la Oficina del Jefe de Gabinete indican que los contratos que vencen el 31 de diciembre de 2025 se someterán a auditorías estrictas de desempeño antes de renovación. Aquellos considerados no críticos, las notas dicen, «no serán extendidos.»
Los despidos frescos se concentrarán en organismos de desarrollo social, cultura y comunicaciones, áreas que Milei ha etiquetado repetidamente como «politizadas.» Sin embargo, organismos de transporte y energía también pueden ser ajustados mientras la administración examina los subsidios. Los funcionarios privadamente reconocen que los costos de indemnización aumentarán el gasto a corto plazo, pero insisten que los ahorros a largo plazo justifican el desembolso.
Mirando hacia adelante a 2026
Más allá de los 30.000 recortes anunciados, el gobierno ha señalado otra reducción de fuerza laboral del 10% el próximo año. Las fuentes cercanas al proceso de planificación dicen que ocho organismos principales se encuentran bajo revisión, aunque se negaron a nombrarlos en espera de notificaciones sindicales. El cronograma requiere que la mayoría de los despidos ocurran durante los primeros dos trimestres, sincronizados con revisiones presupuestarias.
El Fondo Monetario Internacional ha elogiado la disposición de Buenos Aires de abordar los gastos de nómina, parte de un paquete de austeridad más amplio vinculado a negociaciones de deuda en curso. Sin embargo, los politólogos advierten de posibles represalias a medida que se acercan las elecciones provinciales y las brechas de servicios se hacen más visibles.
Implicaciones y comparaciones
Argentina no es ajena al recorte del sector público: los expresidentes Carlos Menem en los años 90 y Mauricio Macri a finales de los 2010 cada uno emprendió campañas de contracción. Sin embargo, la caída actual del 17% en menos de dos años ya supera el récord de cuatro años de Macri y se acerca a algunos de los números más agresivos de la era Menem. A diferencia de esos episodios anteriores, los recortes de Milei coinciden con una promesa de dolarizar la economía y desmantelar el Banco Central, añadiendo capas de incertidumbre a los pronósticos del mercado laboral.
Los economistas señalan que los despidos masivos pueden generar alivio fiscal rápido pero pueden amortiguar el consumo doméstico, un componente importante del PIB de Argentina. La administración apuesta a que el endeudamiento estatal reducido bajará la inflación y estimulará la contratación privada, compensando el encogimiento del sector público. Los datos para probar cualquiera de los lados permanecen limitados.
Los defensores laborales argumentan que la capacidad científica y tecnológica se ve desproporcionadamente afectada, citando las 1.958 posiciones perdidas de CONICET como un golpe a la producción de investigación de Argentina. Los líderes culturales, mientras tanto, lamentan los 543 recortes en el Instituto Nacional de Cine (INCAA) como un retroceso para la industria cinematográfica del país, apreciada en toda América Latina. Los partidarios del gobierno sostienen que los fondos públicos deben reforzar primero los servicios esenciales en lugar de programas especializados.
El impacto social aún se desarrolla
En barrios alrededor de Buenos Aires y principales capitales provinciales, los empleados despedidos describen la navegación en un mercado laboral privado ajustado mientras lidian con retrasos en indemnizaciones. Las
Fuentes
- https://www.batimes.com.ar/news/argentina/mileis-deep-chainsaw-targets-30000-more-public-sector-lay-offs.phtml
