La administración de Javier Milei revela un nuevo marco regulatorio que intensifica la supervisión sobre los procesos de desvinculación laboral en organismos estatales. Mediante la Resolución Conjunta 50/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo establece requisitos más rigurosos para la aprobación de planes de retiro voluntario en toda la administración pública.
Con esta normativa, cualquier organismo estatal deberá obtener un «doble aval» técnico-presupuestario antes de iniciar un programa de desvinculaciones. La medida abarca a ministerios, entes descentralizados y empresas con participación mayoritaria del Estado, aplicándose tanto a empleados de planta permanente como a personal contratado.
La iniciativa se inscribe en la política de reducción del gasto público que el Gobierno implementa desde diciembre de 2023. Durante este periodo, la Casa Rosada ha eliminado más de 53.000 posiciones mediante no renovación de contratos y jubilaciones anticipadas, un proceso que según BAE Negocios (7/10/2025) está llevando a numerosos agentes estatales a considerar la salida voluntaria como opción, ante la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre laboral.
Requisitos establecidos por la normativa
La Resolución 50/2025 obliga a los titulares de cada organismo a presentar un informe técnico detallado que justifique el retiro colectivo o individual, especifique el número de personas involucradas, describa las condiciones de adhesión, detalle el cronograma de pagos y acredite la disponibilidad presupuestaria. Solo después de obtener este dictamen favorable podrán enviar el expediente a las dos secretarías revisoras.
«No habrá planes de retiro sin doble aprobación y sin fondos previamente identificados», explicó una fuente de la Secretaría de Hacienda consultada tras la publicación de la norma. De acuerdo con Ámbito (7/10/2025), el esquema alcanza «a todos los empleados de la administración pública nacional» y formaliza un control previo que antes quedaba a criterio de cada jurisdicción.
Las dependencias que consigan el visto bueno de las Secretarías de Transformación del Estado y Hacienda deberán notificar el resultado a la Dirección Nacional de Empleo Público y a la Dirección Nacional de Inversión en Capital Humano, entidades que llevarán un registro unificado de bajas. El objetivo explícito es «contar con datos en tiempo real para monitorear impacto fiscal y necesidades de servicio», según establece el texto oficial.
Doble aval para evitar sobrecostos
El Ejecutivo denomina al nuevo esquema como «doble aval»: cada expediente requerirá la firma conjunta del secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Voceros de ambas dependencias explicaron que la medida pretende desalentar programas que, en lugar de generar ahorros, terminen incrementando el pasivo estatal por compensaciones mal calculadas.
La vigilancia sobre el costo de los retiros había sido anticipada por Infobae (8/10/2025), que descubrió la preocupación oficial por los montos pagados a personal de empresas públicas que posteriormente era recontratado como asesor externo o se acogía a regímenes especiales de jubilación. Con la nueva resolución, cada plan deberá incluir una proyección de ahorro neto a corto y mediano plazo.
Procedimiento del nuevo sistema
- Elaboración interna: la dependencia define el alcance del retiro, calcula los costos y redacta el informe técnico-presupuestario.
- Primera revisión: la Secretaría de Transformación del Estado evalúa el impacto organizacional y confirma que el plan se ajuste a metas de eficiencia.
- Segunda revisión: la Secretaría de Hacienda verifica que existan partidas suficientes y que la propuesta genere ahorro fiscal efectivo.
- Registro y seguimiento: una vez aprobada, la medida se comunica a Empleo Público y a Capital Humano para su registro. Estos organismos auditarán el cumplimiento de plazos de pago y la no reincorporación de los agentes desvinculados.
Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, el circuito electrónico se integrará al Sistema de Gestión Documental (GDE) y las planillas de liquidación se vincularán al módulo de Recursos Humanos del Estado (SARHA), eliminando «ventanas de discrecionalidad».
Motivaciones económicas y políticas
El Gobierno enfrenta una meta de déficit primario cero para 2026 y considera que la masa salarial del sector público —equivalente al 8% del PBI— constituye una de las principales presiones presupuestarias. Al endurecer las condiciones de los retiros, la administración busca:
• Disuadir planes con indemnizaciones «infladas» o pagos acelerados.
• Evitar que las empresas públicas trasladen el costo de las bajas al Tesoro.
• Organizar la información de manera tal que auditorías internas o externas puedan seguir la trazabilidad de cada peso invertido en desvinculaciones.
«Desde ahora, cualquier retiro deberá demostrar ahorro concreto contra el gasto corriente proyectado», afirmó un funcionario de Economía bajo reserva. La iniciativa ocurre, además, en un contexto de caída del salario real: estudios oficiales muestran que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la remuneración estatal perdió más del 14% de su poder de compra, lo que explica la elevada adhesión a los programas de salida.
Reacción de los gremios
Aunque las principales asociaciones de trabajadores estatales (ATE y UPCN) no se pronunciaron en bloque, delegados consultados señalaron que el doble aval podría «demorar negociaciones» y «restar flexibilidad» a empleados próximos a jubilarse. Sin embargo, reconocieron que el endurecimiento responde a casos en los que, tras un retiro oneroso, los beneficiarios volvían a ser contratados como monotributistas.
Estrategia integral de reducción de personal
El ajuste de personal no se limita a los retiros voluntarios. La gestión Milei ya ha implementado:
• No renovación de contratos a plazo fijo en áreas de cultura, ciencia y obras públicas.
• Fusión de organismos descentralizados, generando reubicaciones y ceses.
• Programa de jubilación anticipada para empleados con 30 años de servicio y 55 de edad.
Funcionarios de Transformación del Estado subrayan que la resolución 50/2025 es «complementaria» de estas estrategias, porque «transparenta» la salida de personal que, de otro modo, debería esperar concursos o traslados.
Impactos proyectados a mediano plazo
Analistas especializados en sector público anticipan dos efectos principales. Por un lado, la exigencia de informes técnicos podría reducir el número de planes, dado el tiempo y la formalidad requeridos. Por otro, los registros centralizados proporcionarán datos comparables que faciliten evaluaciones de productividad y futuras reformas administrativas.
La incertidumbre persiste sobre si el ahorro proyectado compensará las compensaciones a corto plazo. En los últimos dos años, varios países de la región implementaron salidas pactadas con resultados dispares: en Brasil, el programa de 2020 necesitó siete años para equilibrarse; en Chile, los retiros de 2022 generaron un ahorro neto en tres. La experiencia argentina estará bajo el escrutinio de organismos multilaterales que monitorean la consolidación fiscal nacional.
Con la Resolución 50/2025, el Ejecutivo consolida su objetivo de racionalizar el gasto salarial público mediante un marco más estricto y transparente. El sistema de «doble aval» refuerza la responsabilidad técnica y fiscal de cada plan de retiro, mientras la centralización de datos promete eliminar la opacidad que tradicionalmente ha caracterizado estos procesos. La efectividad de la medida dependerá de la capacidad política para sostenerla en el tiempo y del acompañamiento de los gremios, pero el Gobierno ha establecido claramente que, sin control adecuado, no autorizará más retiros voluntarios.
Fuentes
- https://www.baenegocios.com/economia/Los-retiros-voluntarios-del-Estado-deberan-tener-la-autorizacion-de-Economia-y-Desregulacion-20251007-0053.html
- https://www.ambito.com/informacion-general/el-gobierno-fijo-controles-previos-los-planes-retiro-voluntario-la-administracion-publica-n6199130
- https://www.infobae.com/economia/2025/10/08/empleo-publico-el-gobierno-pone-la-lupa-en-el-costo-de-los-retiros-voluntarios-en-empresas-publicas/
