La Comisión de Telecomunicaciones Regulatoria (CRT) de México avanza en el primer proceso de asignación de espectro dedicado específicamente a aplicaciones industriales, destinando 200 Megahertz (MHz) de ondas de radio y dividiendo el país en hasta 320 áreas de servicio distintas para facilitar asignaciones regionales y locales. Esta iniciativa busca impulsar la automatización y productividad en diversos sectores económicos al permitir redes 5G dedicadas para empresas.
El esfuerzo coordinado por la CRT comprende 100 MHz en la banda de 2,3 GHz y otros 100 MHz en el espectro de 3,5 GHz. Estas frecuencias están destinadas a empresas que deseen proporcionar soluciones de telecomunicaciones a otros negocios, utilizando el espectro como componente central de sus ofertas de servicio antes de ingresar al mercado. La CRT también evalúa el posible uso de espectro adicional en la banda de 600 MHz, dependiendo de solicitudes de la industria y garantizando que no haya conflictos con otras subastas de espectro en curso para cobertura rural y despliegue de 5G para el mercado masivo.
El objetivo principal de la iniciativa de la CRT es mejorar procesos industriales automatizados existentes y extender la automatización en sectores como la manufactura. Al aprovechar redes celulares junto con tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y servicios de nube industrial, la reguladora busca crear nuevas oportunidades económicas y contribuir al crecimiento del producto interno bruto de México. Este movimiento estratégico subraya el compromiso de México con la adopción de infraestructura tecnológica avanzada para impulsar la modernización industrial.
El marco propuesto de asignación de espectro, detallado durante consultas iniciales con usuarios industriales potenciales, ofrece flexibilidad significativa en áreas de cobertura. Aunque ha habido interés del mercado en asignaciones mayores y regionales, la CRT optó por un enfoque más granular para maximizar oportunidades de licencias. Esto incluye Áreas Básicas de Servicio (ABS), de las cuales hay 65 en todo el país, y Áreas Parciales de Servicio (APS), que representan la subdivisión más detallada del territorio dentro de la infraestructura de telecomunicaciones de México. El marco propone un total de 320 APS para estas asignaciones [1]. Este modelo de subdivisión, heredado del anterior Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fue diseñado originalmente para fomentar la competencia y facilitar la entrada al mercado de nuevos operadores, mejorando así la competitividad de precios y el acceso a servicios de internet, incluidos los para aplicaciones industriales.
Bajo el modelo de APS, operadores más pequeños o consorcios pueden servir eficientemente territorios que abarquen uno o dos municipios, desplegando recursos de espectro proporcionales a sus necesidades de cobertura. Estas entidades se beneficiarían de obligaciones fiscales reducidas en tenencias de frecuencias, con asignaciones de ancho de banda típicamente oscilando entre 5 y 10 MHz. Esta capacidad se considera adecuada para entregar servicios de internet móvil de calidad o establecer redes de infraestructura celular que apoyen operaciones industriales. Esta estructura ofrece a los postores flexibilidad considerable para adquirir bandas de espectro radioeléctrico alineadas con sus objetivos comerciales específicos. Por ejemplo, empresas podrían asegurar concesiones a nivel APS para desarrollar redes dedicadas para centros logísticos en el sur de México u obtener autorizaciones separadas para zonas industriales en regiones como el Bajío.
Ricardo Castañeda, director general de política regulatoria de la CRT, destacó la naturaleza adaptativa de la asignación de espectro, señalando que existe la posibilidad de asignar espectro específicamente para zonas industriales basándose en casos y circunstancias particulares, lo que conduce a soluciones variadas [1]. Este enfoque reconoce las necesidades diversas de aplicaciones industriales y el potencial de soluciones de espectro personalizadas.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta desafíos. Durante consultas iniciales, un representante de la industria satelital expresó preocupaciones sobre la viabilidad comercial de la subasta, señalando la crisis de seguridad pública en curso en México y su impacto documentado en redes de telecomunicaciones en ciertas regiones y sistemas de carreteras nacionales. Estos problemas de seguridad afectan particularmente a los sectores de transporte, logística y manufactura, que son objetivos clave para el despliegue de 5G industrial. Aunque funcionarios de la CRT han expresado su compromiso de abordar estas preocupaciones complejas para reducir incertidumbre y asegurar el éxito de la subasta, la respuesta institucional más amplia ha atraído críticas.
La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) criticó la ausencia del Ministerio de Transportes e Infraestructura en las discusiones sobre la subasta 5G industrial. Gabriel Szekely, líder de Anatel, enfatizó que aunque múltiples organismos gubernamentales tienen un papel, la falta de participación del ministerio relevante es problemática, particularmente respecto a asuntos nacionales como derechos de acceso a carreteras, facilitación de instalación de infraestructura y complicaciones derivadas de negociaciones con comunidades locales [1]. Esto destaca una desconexión potencial en la coordinación interinstitucional, que podría obstaculizar el despliegue efectivo de infraestructura 5G industrial.
La CRT actualmente evalúa dos modelos para distribución de espectro: uno para autoprovisión por parte de organizaciones para su uso interno, y otro para prestación de servicios comerciales adaptados a necesidades industriales específicas. Las metodologías finales de asignación serán determinadas después de consultas exhaustivas con la industria y sesiones de retroalimentación.
Fuentes
- https://www.eleconomista.com.mx/empresas/crt-valora-320-coberturas-200-mhz-licencias-primera-subasta-5g-industrial-mexico-20260115-795537.html
